Después de la confianza que el gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México se ha ganado entre la ciudadanía, otra de las instituciones públicas en que confiamos los mexicanos —y a eso a medias, porque al igual que la máxima casa de estudios, no entendemos a cabalidad por qué hay que tenerle una fe ciega— es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Comprendemos que es un organismo encargado de custodiar la Constitución y gracias a que los medios han puesto la mirilla de sus cámaras sobre lo que allí sucede, de un tiempo a la fecha, está en boca de todos.
La SCJN está integrada por once ministros que forman el “pleno” y que a su vez se reúnen —a excepción del que funja como “presidente”— en dos salas, donde trabajan cinco magistrados en cada una. Pero si la decisión a la que lleguen los once magistrados o una de las salas es inapelable, ¿para qué necesitamos de un Congreso o de un presidente de la República? Todo comienza a partir de la división de poderes, que tiene por finalidad evitar los abusos del poder y preservar los derechos del hombre. En México, ahora ya más en práctica que en “teoría”, el gobierno está integrado por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Estamos familiarizados con el primero y segundo; del tercero, con sólo escuchar la palabra judicial, cualquiera trae a su mente la imagen de un tipo mal encarado, vestido con fastuosidad pero sin “gusto”, armado, con gafas oscuras, botas vaqueras y prepotente hasta siempre. Esa era (¿es?) la idea que se tenía del poder Judicial, que estaba integrado precisamente por aquellos sujetos con atribuciones legales para sancionar a quienes cometen delitos, palabra que desde su surgimiento en el siglo XV está asociada con la culpa, el crimen o el quebrantamiento. Pero: “el Poder Judicial de la Federación representa al guardián de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro que dirime las controversias, manteniendo el equilibrio necesario que requiere un Estado de derecho.”
La SCJN es así la máxima instancia de decisión, “no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.” Por eso los dictámenes que generan controversia, como la tan cacareada y poco explicada “Ley de medios de comunicación,” son resueltos por este organismo. Un organismo que suponemos infalible, pero sujeto a la decisión de los magistrados que lo integran y allí es “donde la puerca torció el rabo”.
Cada magistrado dura en su cargo quince años, todos son abogados y de los once, en la actualidad sólo dos son mujeres. Claro, este último dato pudiera ser acaso un mero accesorio de género si pensamos que las resoluciones centrales de la Corte se deciden conforme a derecho, pero cada uno de los magistrados tiene filias y fobias, tan normales en cualquier ser humano y aunque sean muy doctos en materia jurídica, pues no lo saben todo. Para José Ramón Cossío Díaz, magistrado, allí está un punto clave que debe considerarse: “la legitimidad del uso de elementos de juicio provenientes de la ciencia y de otras disciplinas especializadas a la hora de determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la leyes.”
Cossío Díaz también señala: “La discusión en torno a la legitimidad de recurrir a dictámenes de especialistas para determinar si una ley resulta o no inconstitucional ha sido una de las más intensas, y sustenta en buena parte la división entre la mayoría y minoría” (se refiere a los magistrados). Algunos magistrados admiten que su formación como abogados no siempre es suficiente para resolver con conocimiento algunos casos complejos; pero no todos piensan así.
En el ensayo, “Sobre virus, bacterias y jueces” (Nexos, junio de 2007), Miguel Carbonell apunta: “Lo que llama la atención es que todavía se discuta… si la evidencia científica es o no es relevante dentro de un proceso judicial. ¿De qué otra manera pueden los jueces informarse sobre temas tan complicados como la ingeniería genética, los monopolios en las telecomunicaciones, los fraudes cibernéticos, el alcance de ciertos padecimientos médicos, etcétera?.... En otros países las aportaciones científicas en los procesos judiciales son tan normales que los jueces ni siquiera tienen que molestarse en pedirlas…”
Ya sabemos de qué dimensiones es la casa que se llama gobierno de México, ahora habrá que limpiar las habitaciones y en medida de lo posible, modernizarlas.
