Se calcula que en lo que va de este 2007 se han registrado mil doscientas treinta y siete ejecuciones que tienen relación con el narcotráfico; de las cuales ochenta y siete son mujeres, mil ciento cuarenta y tres hombres y cuarenta no identificados. Los estados donde más ejecuciones ocurrieron son: Sinaloa, Michoacán y Guerrero; y de los que no se tiene registro de ejecuciones son: Baja California Sur, Campeche, Colima, San Luis Potosí y Yucatán.
Si tomamos las cifras como dados de cubilete, es posible echar varias jugadas que pueden arrojarnos diferentes lecturas. Los estados donde las ejecuciones no se han registrado, ¿tienen que ver en el tránsito de la droga o de los indocumentados? Total, droga e ilegales tienen por meta principal los Estados Unidos y en los sitios donde suelen converger estos dos el ambiente está al rojo vivo. Si observamos un mapa de la república mexicana nos percataremos que no es una regla de oro descartar la ecuación: violencia tiene relación con “paso” de productos nocivos y además de personas que marchan tras un sueño. Se trata únicamente de seis de treinta y dos estados donde no se han tenido informes de asesinatos relacionados con el narcotráfico, pero los seis estados no “componen” una ruta o pertenecen a una sola región.
Y es que el territorio nacional se ha convertido en una tira de chinampines a partir de que el ejército forma parte de un operativo que, en el primero de los casos y de las intenciones, hubiera correspondido antes a las fuerzas policíacas. ¿Es culpable Felipe Calderón por llevar casi pegado a la boca el mismo discurso, a partir de que tomara posesión como presidente de México? Del 1 de diciembre de 2006 a la fecha (salvo los escándalos políticos) el titular del ejecutivo ha favorecido a un solo tema como la prioridad de su gobierno: la seguridad pública. Pero no confundamos, la palabra ha servido para crear ambigüedades. Veamos…
“Seguridad” orienta a una “condición de estar libre de peligro, daño, pérdida o falla”, en lo personal es “certeza y confianza en lo que se hace o dice”; también es la certeza de algo que puede suceder. Ahora bien, el gobierno federal al comprar el tema como un estandarte de la presente administración, aumentó las partidas presupuestales destinadas no a la “seguridad económica” o aumento salarial de los que laboran en las fuerzas públicas, sino al gasto que generan los despliegues y los operativos implementados en toda la república. Un incremento al gasto para: “tareas rectivas y punitivas”, como los escribe Pedro José Peñaloza en su ensayo Inseguridad pública: prisioneros de lo inmediato.
Debemos cuestionarnos si la administración de Felipe Calderón va a prevenir el delito o a engordar a las fuerzas armadas que están a sus órdenes. Si la respuesta favorece al primer planteamiento, es probable no sólo que la cifra anotada al inicio de la entrega disminuya sino que las condiciones de inequidad se resuelvan de la mejor forma para todos. Prevenir delitos no se refiere únicamente a combatir al narcotráfico, la pregunta que también vuela es: ¿la inversión en seguridad pública va a corresponder con los disparos de violencia e inseguridad?
Felipe Calderón fue asesorado para no confiar el paquete a los cuerpos policíacos y fincar sus esperanzas en el ejército. Dos razones: el ejecutivo federal carece de control sobre el 95% de las fuerzas policíacas mexicanas; es decir, existen 439, 248 miembros, de los que nueve y medio de cada diez trabaja para los estados y los municipios. La segunda razón: en el país, las fuerzas armadas tienen una alta estima social. Pero exponer al ejército también supone un desgaste, mientras esas fuerzas eran necesarias en desastres naturales (cuando se aplica el plan DN3), su prestigio iba en aumento; conforme se transforman en el monopolio estatal para bajar los índices de violencia, las tentaciones de autoritarismo están a la orden. Recordemos que en más de una ocasión, el papel del ejército ha sido cuestionado y en Veracruz, ni se diga.
