Foto: Juan Bautista MoránLa educación universitaria en México es un derecho a medias, porque no hay obligación constitucional del gobierno para que dote a su población de la misma. En ese sentido, en casi todas las ciudades medianas y grandes del país han surgido sistemas de enseñanza que compiten con la “universidad tradicional” y que antaño simbolizaba un esfuerzo de muchas familias para mandar a que sus hijos estudiaran en centros de las ciudades capitales.
Una educación universitaria en escuela pública suponía un pase de estatus social y la oportunidad de conseguir trabajos mejor remunerados. Pero en medida que creció la sociedad o mejor dicho, los demandantes de la educación universitaria gratuita y los centros de enseñanza superior estancaron su crecimiento, aumentó el déficit de espacios a los que no atendió el gobierno.
En tiempos de crisis mundial, en México el primer impacto lo recibe la educación superior. Pero antes que atisbar en las pérdidas de los tres ejes que suponen el apoyo de la cultura de una nación y que son: ciencia, tecnología y estética, hay que tomar en cuenta a los que ganan con el retiro del apoyo gubernamental a la universidad pública.
Los esfuerzos económicos de antaño para que un joven pudiera acceder a la educación superior en México quedaron soslayados en una proporción. Ya no había que invertir en la manutención del estudiante, el reto era soportar las colegiaturas de los grandes corporativos que supieron descentralizarse de la ciudad de México y se fueron asentando, a manera de “campus” en el territorio nacional.
Pero aún con eso, la educación universitaria “privada” era y es un límite para la mayoría de la población en México. Incluso, las mismas clases “pudientes” mostraron el espejismo que suponía invertir en una buena universidad porque a la postre era seguro encontrar un buen trabajo. En el primer trimestre de 2009 se produjo una baja considerable en la matrícula de las escuelas que no dependen del Estado, la crisis había tocado a los posibles centros de enseñanza que parecían inamovibles, el negocio no era tan redondo.
Una vez que los “campus” de las escuelas prestigiadas se asentaron en el territorio nacional hubo una muestra que dio con otras evidencias. Aunque de forma original los centros universitarios tenían planeado el traslado de una parte de su personal académico de la ciudad de México hacia las periferias, la realidad comenzó a contrastar. Los famosos traslados no eran de planta, se trataba apenas de viajes de trabajo que se traducían como “cursos” que formaban parte de diplomados. El grueso del personal académico era reclutado entre los profesionistas locales o regionales y en muchas ocasiones se echó mano de los profesores de las universidades estatales de carácter gratuito o subsidiado.
La intención no fue mala, se trataba de reclutar a lo más selecto de las regiones. Pero aquellos “campus” que más bien eran tentáculos económicos del Altiplano no ofrecieron las mismas condiciones de trabajo y salarios a los nuevos profesores. Las universidades de otrora prestigio lo conservaron en sus centros de fundación original, pero en sus denominados “centros,” “campus,” o “sedes” lo que se vendía, se vende, es un papel membretado. La enseñanza fue en detrimento en la medida que se verificaron las pérdidas salariales del profesorado de “lujo.”
La salida de los profesores con reconocimiento académico regional provocó un revés al negocio de la educación superior. Era casi la misma planta académica la que impartía cursos en la universidad pública local y la privada, a una y a la otra, según el nombre o las siglas, se las veía como de subsistencia (salarios y prestaciones seguras) y como de postín (privilegio de ser parte del profesorado de una institución privada que aseguraba una formación de calidad).
Ese sistema privado de limbo educativo se fracturó conforme el profesorado de presunta excelencia se dio cuenta que a pesar de sus esfuerzos por dictar una enseñanza de calidad, su trabajo no rendía frutos económicos; por una parte. Por la otra, la cada vez más complicada promoción académica en las universidades públicas abrió una puerta que permitió la proliferación de universidades privadas que ya ni siquiera anhelaban un reconocimiento o franquicia del Altiplano.
Bastó que se abrieran los candados a las secretarías de educación estatales. Cuando la propia Secretaría de Educación Pública se descentralizó y le dio manga ancha a los estados de la república para que a través de sus instituciones educativas fungieran como árbitros de la formación escolar de niveles superiores. Del propio Distrito Federal llovían los famosos RVOE “Registro de Validez Oficial de Estudios.” Con esas medidas se amplió la cobertura de educación superior en México pero no se dio un acceso al saber superior y a la cultura, a la crítica, reflexión, análisis e investigación.
Educación Pública brinda un dato apabullante. En México existen registradas 2 mil 314 instituciones de educación superior, de las cuales mil 508 son privadas. Un 65% de las instituciones son privadas. Puede sonar a campanadas de júbilo pero cuando se anota el siguiente dato la realidad es otra. Existe la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior que sólo cuenta con 109 afiliadas. Son unas mil 400 escuelas de educación superior las que no consignan que cumplen con los requisitos básicos para ofrecer una educación superior de calidad.
Desalentador panorama en el país de los licenciados.
