miércoles, diciembre 02, 2009

Congreso ordena nuevas auditorías rápidas a los ayuntamientos

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A la lista negra se agrega: Álamo y Alvarado. La semana anterior, la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado anunció que practicaría auditorías de manera inmediata a tres ayuntamientos veracruzanos: Las Choapas, Saltabarranca y Minatitlán. ¿El motivo? Presuntos malos manejos o desvió de fondos o negligencia.

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Gonzalo Guízar Valladares, quién además preciso que Álamo es el único ayuntamiento cuya tesorería se encuentra intervenida. El diputado priísta rechazó que las auditorias tengan tintes políticos, y explicó que se realizan a partir de las denuncias que fueron presentadas ante el Congreso por presuntos desvíos de recursos, y que el pleno autorizó realizar
“La fiscalización no puede politizarse, pues el acuerdo se toma en la junta de Coordinación Política, que es donde están representadas todas las diversas fuerzas políticas del estado, y después se pone a votación de todos los diputados”, dijo.

El diputado priísta, dijo que no mete las mete las manos por nadie y negó que se proteja a los alcaldes, como es el caso de Juan Lavín Torres, presidente municipal de Córdoba, toda vez que los diputados de Convergencia y del Partido Acción Nacional solicitaron que además de auditarlo, se interviniera la tesorería ante las denuncias por supuestos malos manejos.

La intervención, dijo Guízar, sería productiva si se extendiera su aplicación a otros municipios de los que posiblemente no hay denuncia pero sí la sospecha de que incurran en mal manejo de los dineros públicos. “A punto de finalizar el año corriente se encuentran en números rojos, lo que por lo menos confirma la poca capacidad para la administración pública que poseen sus responsables.”

Finalmente, Guízar Valladares comentó que en los próximos 15 días el Órgano de Fiscalización Superior entregará el resultado de la Cuenta Pública correspondiente al 2008, y el Congreso tendrá de plazo hasta el 31 de enero de 2010 para aprobarla.